En los primeros 5 meses de 2026, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) otorgó la preliberación con brazalete electrónico a 143 personas privadas de la libertad, entre ellas cuatro mujeres.
El programa permite que personas sentenciadas concluyan parte de su condena fuera del penal bajo monitoreo permanente, con el objetivo de reducir la sobrepoblación en centros penitenciarios como el de Chiconautla, en Ecatepec.
La medida también está dirigida a adultos mayores y a personas que, de acuerdo con la autoridad judicial, no representan un riesgo para la sociedad.
De acuerdo con el abogado penalista Enrique Arenas, los 22 centros penitenciarios del Estado de México enfrentan problemas de hacinamiento.
Una mujer con un familiar interno en el penal de Chiconautla, quien pidió mantener el anonimato, aseguró que existen celdas de 2.5 por 4 metros en las que llegan a convivir hasta 46 personas.
Aunque el brazalete electrónico representa una alternativa para la reinserción social, especialistas reconocen que no todos los beneficiarios aprovechan esta segunda oportunidad.
El 14 de mayo, en Toluca, un hombre que portaba un brazalete de monitoreo fue asesinado a balazos presuntamente cuando intentaba despojar de su camioneta a un automovilista en una gasolinera ubicada sobre José López Portillo, cerca de la Central de Abasto.
En abril, otro joven fue detenido por su probable participación en un robo con violencia a una tienda de abarrotes en la colonia El Charco, en Ecatepec. También portaba un dispositivo de rastreo.
Según abogados penalistas, algunos reincidentes cubren el brazalete con papel aluminio para dificultar el rastreo.
¿Quiénes pueden obtener la preliberación?
El trámite debe ser solicitado por un abogado particular o un defensor público ante un juez de ejecución.
Posteriormente, el juez solicita al penal los expedientes técnicos y reportes de conducta del interno y convoca a una audiencia para determinar si cumple con los requisitos legales.
Entre las principales condiciones se encuentran:
No haber cometido delitos de alto impacto, como secuestro o delincuencia organizada.
No estar sujeto a prisión preventiva oficiosa.
Ser primo delincuente.
Haber cumplido parte de la condena.
Contar con buena conducta.
Haber pagado la reparación del daño y las multas.
Tener domicilio fijo y una fuente lícita de ingresos.
El dispositivo, colocado generalmente en la pierna, envía alertas inmediatas si se intenta manipular o si la persona abandona las zonas autorizadas.
El beneficiario puede permanecer en resguardo domiciliario o con restricciones específicas de movilidad, siempre bajo supervisión de un centro de monitoreo.
¿Cuánto cuesta un brazalete electrónico?
En la mayoría de los casos, el costo del dispositivo es cubierto por el propio beneficiario, aunque en situaciones excepcionales puede ser asumido por el gobierno estatal.
Los gastos incluyen:
Depósito inicial de entre 15 mil y 20 mil pesos.
Renta mensual de entre mil 200 y 3 mil 500 pesos.
Dependiendo del tiempo de uso, el costo total puede superar los 60 mil e incluso alcanzar 81 mil pesos.
En distintas ocasiones, familiares de personas privadas de la libertad se han manifestado frente al Centro Penitenciario y de Reinserción Social ‘Doctor Sergio García Ramírez’, conocido como penal de Chiconautla, y sobre la Vía Morelos.
El 13 de mayo, integrantes de una colectiva protestaron en el centro de Ecatepec para solicitar la preliberación de un adulto mayor sentenciado por feminicidio.
Aunque el programa de brazaletes electrónicos se ha convertido en una herramienta para disminuir el hacinamiento en las cárceles mexiquenses, su aplicación sigue generando debate por los costos, los requisitos legales y los casos de reincidencia.