Una nueva modalidad de extorsión dirigida a comerciantes y empresarios encendió las alertas en el Estado de México. El esquema consiste en que personas que se presentan como gestores o representantes de supuestos despachos jurídicos ofrecen servicios de “protección” para evitar sanciones o problemas administrativos.
El caso fue expuesto durante la conferencia matutina del Gobierno federal, donde se consultó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre reportes surgidos en Ecatepec, uno de los municipios con mayor actividad comercial de la entidad.
De acuerdo con la denuncia, los presuntos gestores ofrecen incorporar a los negocios a un esquema de asesoría o respaldo legal. Sin embargo, la situación cambia cuando los comerciantes rechazan realizar los pagos solicitados.
Según lo expuesto, días después de rechazar la propuesta, algunos establecimientos reciben visitas de inspectores o verificadores que realizan revisiones administrativas o generan observaciones que pueden derivar en sanciones o clausuras.
Al ser cuestionado sobre si este mecanismo puede considerarse un delito de extorsión, García Harfuch respondió de manera categórica: “Definitivamente es extorsión”.
El funcionario federal señaló que este tipo de prácticas ya ha sido detectado en otras regiones del país y que incluso se han realizado detenciones relacionadas con estos esquemas.
El titular de la SSPC subrayó que las investigaciones contra grupos dedicados a la extorsión han avanzado gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que exhortó a las víctimas a reportar cualquier intento de cobro irregular.
Las denuncias pueden realizarse a través del 089, de manera anónima, o directamente ante las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.
Además, recomendó conservar toda la información posible sobre los presuntos responsables, como nombres, números telefónicos, mensajes, tarjetas de presentación, documentos o placas vehiculares.
Esta modalidad representa una preocupación adicional para comerciantes y empresarios mexiquenses, ya que el delito ya no se presenta únicamente como el tradicional cobro de piso, sino bajo la apariencia de servicios legales o de intermediación con autoridades.
Las autoridades recomendaron no realizar pagos, verificar cualquier procedimiento administrativo con las instancias oficiales correspondientes y denunciar cualquier acto de presión o amenaza relacionado con inspecciones o clausuras.