Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión abre la puerta a un escenario de acoso e incertidumbre para los concesionarios de radio y televisión
Advierte que permitirá la presentación de denuncias que, aun careciendo de sustento, podrían derivar en procedimientos administrativos y actos de hostigamiento.
A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación por las implicaciones de la legislación recientemente aprobada, al considerar que el nuevo marco jurídico facilita que cualquier persona presente denuncias contra concesionarios sin necesidad de aportar pruebas suficientes desde el inicio del procedimiento:
«Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias
La CIRT está analizando los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, mismos que están en consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Asimismo, hemos visto y analizando la presentación que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal hizo el día de hoy sobre los mismos.
Al respecto informamos:
1.- Entendemos y apoyamos el mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias. En este ánimo hemos emitido opiniones constructivas a la CRT.
2.- La CIRT hará un ejercicio de consenso con sus más de 1,200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada y esta sea presentada en la consulta pública que se está desarrollando.
3.- Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud. Estos se resumen en:
I.-Los Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite a al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda como subordinado a la autoridad.
II.-Las sanciones por cada supuesta «falta» informativa son en exceso elevadas, hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador. Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley.
II.-Se pretende establecer un «recurso de inconformidad» a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no.
II.-Por último, los lineamientos deben aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas. Delo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales.
A reserva de tener un análisis más a detalle y con comparativos internacionales, nos parece acertado que la CRT haya abierto un proceso de consulta pública para corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del Mundo que deseen».