El periodista Juan Manuel Vega, conocido por su trabajo informativo en la zona oriente del Estado de México (EMX), denunció haber sido detenido por elementos policiales que prestan servicio en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de realizar una grabación para documentar hechos ocurridos dentro de sus instalaciones.
A través de un video difundido en redes sociales, el comunicador relató que inicialmente los uniformados le informaron que sería presentado ante las autoridades en calidad de testigo; sin embargo, posteriormente le notificaron que sería trasladado como detenido ante un juzgado cívico.
Durante la grabación, Vega cuestionó el procedimiento aplicado en su contra y manifestó su inconformidad por el cambio en su situación, mientras los policías le advertían que podrían colocarle esposas para efectuar su traslado.
«Inicialmente me decían que iba yo en calidad de testigo, estoy grabando, pero ahora voy en calidad de detenido», expresó el periodista durante el incidente, en el que insistió en dejar constancia de la actuación de los elementos de seguridad.
La situación fue denunciada públicamente por compañeros del gremio periodístico, quienes señalaron que el comunicador fue intervenido mientras documentaba acontecimientos en el Metro capitalino, lo que generó cuestionamientos sobre las razones de su detención y el respeto al ejercicio periodístico.
En las publicaciones también se solicitó la intervención de Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para esclarecer las circunstancias del procedimiento y determinar si existieron irregularidades por parte de los elementos policiales involucrados.
El caso plantea interrogantes sobre las condiciones en que periodistas y ciudadanos pueden realizar grabaciones en espacios de transporte público, así como sobre los fundamentos legales utilizados para presentar ante un juez cívico a una persona que inicialmente había sido considerada testigo de los hechos.
Hasta el momento no se cuenta con información oficial que permita establecer la falta administrativa atribuida al periodista, la estación donde ocurrió el incidente o la resolución de la autoridad cívica, por lo que permanece pendiente conocer la versión de la corporación policial y la situación jurídica del comunicador.