La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), durante la administración de Ana Gabriela Guevara, enfrenta una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desfalco de 65 millones de pesos, derivado de irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos.
El caso surgió a partir de una auditoría relacionada con la organización del Mundial de Taekwondo 2022, realizado en Guadalajara, Jalisco, donde fueron identificadas presuntas anomalías en el ejercicio de los recursos destinados al evento deportivo.
Con esta nueva denuncia, el monto de las irregularidades atribuidas a la gestión de la entonces titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ascendería a aproximadamente 544 millones de pesos, de acuerdo con los señalamientos derivados de distintas revisiones.
La revisión de los recursos utilizados para el Mundial de Taekwondo 2022 permitió identificar operaciones que fueron consideradas susceptibles de investigación por las autoridades federales.
Ante estos hallazgos, se presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, instancia que deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades administrativas o penales.
El señalamiento no implica, por sí mismo, que exista una responsabilidad penal acreditada contra Ana Gabriela Guevara o algún otro funcionario, pues corresponde a las autoridades ministeriales realizar las investigaciones y determinar lo conducente.
Conade, bajo revisión por manejo de recursos
La nueva denuncia se suma a otros expedientes derivados de auditorías practicadas a la Conade durante el periodo en que Guevara estuvo al frente del organismo.
El acumulado señalado, de 544 millones de pesos, refleja el monto de diversas presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos y no necesariamente representa un daño patrimonial ya determinado de manera definitiva.
El caso relacionado con el Mundial de Taekwondo 2022 en Guadalajara, Jalisco, abre ahora una nueva investigación ante la Fiscalía General de la República, mientras las autoridades deberán esclarecer el destino de los recursos y, en su caso, fincar responsabilidades.