Una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió este miércoles un intenso debate en el Senado, luego de que legisladores de oposición y caricaturistas advirtieran que una de sus disposiciones podría afectar la libertad de expresión y alcanzar contenidos como memes y parodias políticas.
La propuesta forma parte de reformas en materia de propiedad industrial y busca, entre otros objetivos, proteger la identidad gráfica institucional del Estado mexicano frente a usos que puedan inducir al engaño, particularmente en medios electrónicos y digitales. (N+)
La controversia surgió por la redacción del artículo 403 Bis, que originalmente contemplaba penas de tres a siete años de prisión, además de multas, para determinadas conductas relacionadas con el uso, reproducción o imitación de la identidad gráfica institucional de autoridades y dependencias gubernamentales. (N+)
Senadores de oposición señalaron que una redacción demasiado amplia podría alcanzar memes, caricaturas y parodias políticas. Desde Morena rechazaron esa interpretación y aseguraron que el propósito de la reforma no es castigar la crítica ni el humor político. (El Universal)
Modifican propuesta
Durante la discusión de este miércoles en comisiones, Morena modificó la disposición cuestionada para precisar que la sanción aplicaría cuando exista la intención de inducir al engaño para cometer un ilícito haciendo pasar una comunicación, documento o actuación como proveniente de una institución pública.
También se modificó la pena propuesta, que quedaría de uno a cinco años de prisión, mientras que la multa se mantendría entre mil y 10 mil UMA. (ADNPolítico)
Por ello, afirmar simplemente que “el gobierno quiere meter a la cárcel a quien publique memes” ya no describe con precisión el texto modificado en comisiones.
La iniciativa todavía debe continuar su proceso legislativo. El debate de fondo permanece: sus críticos piden garantías expresas para proteger la sátira, la parodia y la crítica política, mientras sus impulsores sostienen que la reforma pretende combatir el engaño y proteger la identidad institucional, no censurar contenidos.