La Cámara de Diputados aprobó, con 419 votos a favor, una reforma para sancionar el reclutamiento de personas por parte de grupos delictivos, con penas de hasta 25 años de prisión cuando existan amenazas, violencia o coacción.
El dictamen también considera forzado todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, sin importar las circunstancias en que ocurra.
La reforma adiciona el capítulo II Bis a la Ley General en materia de Trata de Personas y establece penas de 10 a 20 años de cárcel, además de multas, para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para integrarlas a organizaciones criminales o involucrarlas en actividades delictivas.
Cuando se empleen amenazas, intimidación, violencia física o moral, coacción o abuso de poder, las sanciones aumentarán de 15 a 25 años de prisión.
Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, se encuentra en movilidad humana o sufre tortura, violencia sexual, privación de la libertad u otros tratos crueles.
También se contemplan agravantes para servidores públicos y personal de seguridad privada en determinadas circunstancias.