El costo económico de la inseguridad y el delito en los hogares del Estado de México sumó 503 mil 500 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2015 y 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tan solo en 2024, el impacto financiero derivado de hechos delictivos fue de 44 mil 800 millones de pesos, equivalente a cinco mil 932 pesos por persona afectada. Aunque la cifra representó una disminución respecto a los 56 mil 100 millones registrados en 2023, el costo acumulado en la última década mantiene una tendencia alta.

Los registros históricos del Inegi muestran fluctuaciones anuales en el costo del delito, con picos y descensos a lo largo de la última década. El año más crítico fue 2017, con 67 mil 900 millones de pesos, mientras que el más bajo fue 2022, con 32 mil 600 millones.

Entre los extremos de ese periodo se ubican los siguientes montos en miles de millones de pesos: 2015, 55.3; 2016, 51.3; 2017, 67.9; 2018, 56.1; 2019, 53.4; 2020, 41.4; 2021, 43.9; 2022, 32.6; 2023, 56.1; y 2024, 44.8. La suma total de los diez años alcanza 503 mil 500 millones de pesos.

En el mismo periodo, el costo promedio individual por persona afectada fue de seis mil 961 pesos, con el punto más alto en 2017, cuando alcanzó ocho mil 854 pesos, y el más bajo en 2022, con cinco mil 92 pesos.

Las cifras anuales reflejan una evolución: en 2015, 7 mil 327 fue el promedio por persona afectada; 2016, 6 mil 470; 2017, 8 mil 854; 2018, 6 mil 638; 2019, 6 mil 805; 2020, 6 mil 323; 2021, 6 mil 404; 2022, 5 mil 92; 2023, 7 mil 769; y 2024, 5 mil 932 pesos.

Durante 2024, los 44 mil 800 millones de pesos derivados de la inseguridad se distribuyeron de la siguiente forma: 

4.5 por ciento en gastos por daños a la salud.

67.9 por ciento en pérdidas económicas directas por los delitos (bienes robados o dañados).

27.6 por ciento en medidas preventivas aplicadas en los hogares.

Del total destinado a prevención, 22.9 por ciento se usó para cambiar o colocar cerraduras y candados; 20 por ciento para reemplazar puertas o ventanas; 11.8 por ciento para instalar rejas o bardas; 11.7 por ciento para realizar acciones conjuntas con vecinos; y 3.3 por ciento para la compra de perros guardianes.

El 25.7 por ciento restante se concentró en otras medidas, como la instalación de alarmas, contratación de vigilancia privada, adquisición de seguros contra robo, compra de armas de fuego y cambio de vivienda o lugar de residencia.

El análisis del Inegi confirma que, aunque los montos fluctúan año con año, el costo económico de la inseguridad en el Estado de México se mantiene en niveles elevados. Desde 2015, las pérdidas anuales promedio superan los 50 mil millones de pesos, cifra equiparable al presupuesto anual de varios municipios del Valle de Toluca o del Valle de México.

El promedio histórico de seis mil 961 pesos por persona afectada representa una carga directa sobre los hogares mexiquenses, ya que equivale a casi un mes del salario promedio de un trabajador formal en la entidad, según estimaciones oficiales.

Entre 2015 y 2024, el costo acumulado de la inseguridad en el Estado de México superó los 503 mil millones de pesos, con un promedio de 6 mil 961 pesos por persona afectada. 

Aunque 2024 mostró una ligera reducción frente al año anterior, el gasto derivado de delitos, daños materiales y medidas de prevención continúa afectando de manera directa la economía familiar en el territorio mexiquense.

Durante la primera quincena de octubre, autoridades estatales informaron que se evitó el pago de más de 22 millones 700 mil pesos relacionados con casos de extorsión en el Estado de México. El resultado formó parte de la estrategia coordinada a través de las Mesas de Paz, donde se establecieron mecanismos de atención, asesoría y seguimiento a las víctimas.

La Secretaría de Seguridad estatal reportó que, entre el 2 y el 15 de octubre, se registraron mil 826 denuncias por posibles hechos vinculados con este delito. De ellas, 778 correspondieron a extorsión telefónica, 560 a fraude telefónico y 103 a llamadas maliciosas. Los reportes incluyeron modalidades que implicaban amenazas, supuestas investigaciones o intentos de obtener dinero mediante engaños.

De acuerdo con los informes oficiales, las víctimas que realizaron denuncias recibieron orientación y apoyo por parte de la Policía Cibernética del Estado de México, la cual mantuvo labores de acompañamiento en cada caso. Además, se realizaron operativos focalizados para impedir cobros de piso y otras formas de intimidación.

En los encuentros de la Mesa de Paz número 519 participaron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; la secretaria técnica de la Mesa, Maricela López Urbina; el fiscal general de Justicia, José Luis Cervantes Martínez.

Además, intervinieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

La Línea Nacional 089, operada en coordinación con el gobierno federal, continúa como un canal de denuncia anónima que facilita las tareas de investigación y seguimiento de los casos. 

En los informes se destacó que este mecanismo contribuye al fortalecimiento de las acciones de inteligencia, con el propósito de reducir la incidencia del delito y dar seguimiento a los grupos identificados.

La estrategia se mantuvo como parte de los acuerdos establecidos en las Mesas de Paz, donde autoridades federales y estatales analizaron de manera conjunta las medidas de contención del crimen y la protección de la ciudadanía frente a las extorsiones.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025, el Estado de México registró 109 mil 268 carpetas de investigación por delitos contra el patrimonio, lo que contempla robos en todas sus modalidades, fraudes, extorsiones, entre otros agravios.

Sin embargo, la comparativa en ese periodo muestra una disminución del 23 por ciento, ya que en enero se reportaron 14 mil 528 casos, mientras que en septiembre se documentaron 11 mil 144.

De dichos ilícitos destacan los robos en todas sus modalidades, con 75 mil 85 denuncias, lo que significó el 68 por ciento del total de la incidencia contra el patrimonio.

Entre los delitos con mayor denuncia están:

Robo de vehículos – 16,884

Robo a negocios – 11,582

Robo a transeúnte -11,563

Otros robos – 16,692

El resto de ilícitos contra el patrimonio fuera de los robos corresponde a fraude (11,965), daño a la propiedad (11,657), despojo (4,322), abuso de confianza (3,940) y extorsión (1,810).

Milenio

A cuatro días del operativo Caudal, desplegado en 48 municipios del Estado de México, únicamente 11 personas se han presentado ante el Ministerio Público para iniciar los trámites que les permitan recuperar alguno de los 189 inmuebles asegurados, entre los que se incluyen pozos y predios utilizados para la distribución de agua.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en diversas regiones del estado la comercialización del recurso estaba controlada por un solo grupo o por organizaciones que acaparaban el servicio y determinaban las condiciones de reparto. Entre estas agrupaciones destacan:

La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)

La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME)

La Unión 300

Grupo “Libertad”

Grupo “25 de Marzo”

Grupo “22 de Octubre”

La “Chokiza”.

Operativo “Caudal” en Edomex: ¿Qué sanciones enfrentan los responsables del comercio ilegal de agua?

La Fiscalía del Estado de México inició la Operación “Caudal” para frenar la venta ilegal de agua en 48 municipios. La ley establece penas de prisión y multas para quienes extraigan, distribuyan o restrinjan el suministro de forma no autorizada.

Los trabajos de inteligencia indican que estas organizaciones controlaban pozos, válvulas y puntos de carga desde donde se distribuía el agua hacia colonias enteras. Esta concentración derivó en denuncias ciudadanas y en la apertura de carpetas de investigación por la presunta extracción y venta irregular de agua potable. En algunos casos los reportes fueron presentados por autoridades locales y, en otros, las indagatorias se iniciaron de oficio al detectarse indicios de actividad ilícita.

Fuentes de la Fiscalía estatal informaron que, antes del operativo, se realizaron reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y los organismos municipales de agua, para delimitar los polígonos donde se llevarían a cabo los cateos y evitar afectaciones al suministro regular.

Durante el despliegue no se intervinieron pozos ni válvulas debidamente acreditadas ante las autoridades competentes, por lo que la red formal de distribución operó con normalidad. Las acciones se centraron en instalaciones que, según las investigaciones, operaban sin registro o comercializaban agua sin autorización.

La clausura de pozos por presunta venta ilegal de agua provocó escasez en tres localidades del municipio; autoridades locales aseguraron que no tienen nada que ver con la acción.

El operativo tiene como objetivo frenar el acaparamiento y la venta ilegal de agua en zonas donde el suministro depende del reparto mediante pipa.

El Código Penal del Estado de México establece en su artículo 145 Ter que quienes distribuyan o suministren agua potable sin permiso o registro oficial pueden recibir de dos a seis años de prisión y multas de 50 a 200 UMA (equivalentes a 5,428 a 21,714 pesos al valor vigente en 2025).

Cuando se trata de perforaciones o tomas clandestinas, las sanciones se agravan:

El artículo 145 Sexies castiga con dos a seis años de prisión y multas de 500 a 1,000 UMA (54,285 a 108,570 pesos) a quien sustraiga o se apropie de agua sin autorización.

El artículo 145 Octies responsabiliza al propietario o poseedor de predios donde existan tomas irregulares, con penas de dos a cuatro años de prisión y multas de 300 a 600 UMA (32,571 a 65,142 pesos).

Para almacenamiento, transporte o comercialización de agua extraída ilegalmente en volúmenes superiores a 5,000 litros, las sanciones van de cuatro a ocho años de prisión y multas de 200 a 400 UMA (21,714 a 43,428 pesos).

Este lunes, más de 300 transportistas de agua se manifestaron en distintos puntos del Estado de México para exigir la devolución de sus unidades y la reapertura de los pozos asegurados.

Los bloqueos se concentraron en municipios del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, así como en los accesos al Valle de Toluca, donde permanecieron varias horas hasta que las autoridades accedieron a entablar una mesa de diálogo.

Representantes de la Secretaría General de Gobierno, junto con personal de Conagua y CAEM, sostuvieron una reunión con los líderes de los piperos, en la que se acordó liberar las vialidades y mantener un espacio de trabajo permanente para revisar permisos, tarifas y puntos de carga.

Como parte de los acuerdos, se programó una nueva reunión para la próxima semana, en la que Conagua presentará un informe técnico sobre pozos y fuentes de abastecimiento, mientras que la CAEM propondrá un esquema actualizado para regular la distribución mediante pipas.

El objetivo, informaron las autoridades, es evitar la concentración del servicio en unos cuantos grupos, garantizar acceso equitativo al agua y mantener el abasto en las comunidades que dependen de este sistema.

Ante la ausencia de tarifas preferenciales para sectores vulnerables y por la falta de transparencia sobre los estudios técnicos que justifican el incremento de dos pesos al transporte público, los colectivos No al Tarifazo Edomex y Migala presentaron un tercer amparo contra la medida avalada por el gobierno del Estado de México.

El nuevo recurso fue ingresado este martes ante el Poder Judicial de la Federación en Toluca, mientras que el primero fue desechado por cuestiones de temporalidad y el segundo ya fue admitido por un juez federal en Nezahualcóyotl.

Según los colectivos, el gobierno estatal no ha hecho públicos los análisis técnicos elaborados por el Instituto del Transporte y el Instituto Politécnico Nacional, documentos que presuntamente sirvieron de base para autorizar el aumento aplicado desde el pasado 15 de octubre.

Dante Álvarez, integrante de No al Tarifazo Edomex, explicó que los seis amparos serán presentados en distintos distritos judiciales con el fin de ampliar la defensa ciudadana y reforzar los argumentos frente a las omisiones del Estado.

“Hasta ahora se han ingresado tres amparos y la ruta contempla seis. Cada uno perfecciona los fundamentos legales, porque no existe un solo documento público que justifique el incremento”, señaló.

Álvarez añadió que la actualización tarifaria vulnera el derecho a la movilidad y afecta con mayor fuerza a las personas de bajos ingresos que dependen del transporte público para sus traslados diarios.

De cada diez usuarios del transporte público, tres no tienen ingresos y otros tres viven en condiciones económicas precarias. Aun así, el aumento se aplicó sin descuentos ni apoyos.

A diferencia de otras ciudades, la capital mexiquense carece de un sistema de transporte masivo, lo que eleva los costos y reduce las opciones para miles de personas que viajan diariamente por motivos laborales o escolares.

“Toluca es la única entre 14 ciudades del país que no tiene un sistema de transporte público masivo. Pachuca, con la mitad de habitantes, ya opera un BRT; aquí seguimos con concesiones privadas y un servicio deficiente”, señalaron los activistas.

Aunque el gobierno estatal anunció un estudio de factibilidad de 30 millones de pesos para analizar la instalación de una línea de Mexibús en Toluca, el proyecto no aparece en el Plan Estatal de Desarrollo ni cuenta con presupuesto asignado, por lo que su ejecución sigue en incertidumbre.

Con el tercer amparo ya presentado, los colectivos prevén ingresar los tres restantes en las próximas semanas, dentro del periodo legal establecido tras la publicación del decreto en la Gaceta de Gobierno.

Su objetivo es mantener la presión jurídica y social para que la Secretaría de Movilidad transparente los estudios tarifarios y establezca criterios de equidad.

Además, adelantaron que hacia el cierre del año retomarán asambleas y actividades informativas en el Valle de Toluca para sostener el reclamo de un transporte digno y accesible.

Los amparos no son un fin en sí mismos, sino una herramienta para exigir que las decisiones sobre movilidad respondan al interés público y no a la presión de los grupos transportistas.