La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará este lunes en la Ciudad de México un informe sobre desapariciones elaborado durante dos años a partir de entrevistas, información oficial y datos proporcionados por organizaciones y colectivos de búsqueda. La presentación estará encabezada por Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para México.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Pochak explicó que el documento contiene un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la crisis de desapariciones en el país, así como 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano. Señaló que el informe busca identificar qué está fallando en la prevención, en la búsqueda, en el acceso a la justicia, en la atención a víctimas y en las políticas de memoria.
La funcionaria sostuvo que la CIDH documentó “un fenómeno masivo, generalizado, indiscriminado de desaparición de personas en México” y precisó que, a juicio de la comisión, “en los últimos años lo que se advierte claramente es que es un fenómeno masivamente cometido por el crimen organizado”.
Añadió que el organismo no ha identificado “una decisión deliberada del gobierno de hacer desaparecer personas”, aunque subrayó que ello “no exime de responsabilidad del Estado”.
“La desaparición es un flagelo enorme que implica responsabilidades muy fuertes del Estado”, dijo, al hablar de responsabilidades relacionadas con prevención, búsqueda inmediata, investigación, identificación de restos, atención a víctimas y combate a la impunidad.
Explicó que, desde la perspectiva jurídica del sistema interamericano, existe una diferencia entre desaparición forzada -cuando participan directamente agentes estatales- y desaparición cometida por particulares.
Indicó que la CIDH no está advirtiendo en México “una política deliberada del Estado para cometer desapariciones”, como ocurrió durante las dictaduras militares en la región, pero aclaró que sí existen casos documentados de desaparición forzada y de participación u omisión de autoridades.
“Por supuesto que la desaparición forzada no se ha erradicado en México”, sostuvo. “Hay casos directos de desaparición forzada, hay casos de desaparición por connivencia o por omisión, que la comisión tiene documentados”.
Agregó que corresponde a la justicia determinar caso por caso si existió connivencia o participación estatal. En ese contexto, advirtió sobre los niveles de impunidad: “Más del 95 por ciento de estos casos que se denuncian terminan en la impunidad, esto es inadmisible”.
El informe también aborda la discusión sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y las críticas surgidas por los procesos de depuración y revisión de cifras. Pochak sostuvo que el Estado debe contar con “un registro único nacional”, técnicamente sólido y confiable para las familias.
“Lo que pasó con el censo es una demostración de cómo se ha roto en muchos casos esta confianza entre el Estado y los familiares”, indicó, por lo que afirmó que “la forma de llevar adelante ese registro tiene que generar confianza en los familiares” y advirtió que cualquier depuración no debe interpretarse “como una política negacionista”.
Entre las principales recomendaciones, destacó la necesidad de revertir la impunidad, aplicar de manera uniforme los protocolos de búsqueda y fortalecer las capacidades forenses para la identificación de cuerpos. La comisionada señaló que existen “70 mil cuerpos que siguen esperando ser identificados”.
“Son importantes los protocolos que se han sancionado, que se han impulsado muchas veces por el esfuerzo de los familiares, de los colectivos de búsqueda, esos protocolos son muy importantes, pero no se están implementando de manera adecuada”, indicó.
Señaló que la falta de sanción y esclarecimiento alimenta la desconfianza social hacia las instituciones. “Mucha gente cree que el Estado está involucrado, el Estado está dejando hacer, porque falta una respuesta judicial que ponga blanco sobre negro sobre esta situación”, apuntó.
Respecto al pronunciamiento reciente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que activó el artículo 34 de la convención internacional en la materia, Pochak señaló que la CIDH y ese comité son “mecanismos complementarios”, aunque con marcos jurídicos distintos.
“No somos exégetas del comité, tampoco somos exégetas del gobierno y su respuesta”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que ambos organismos comparten un objetivo común: “ayudar a erradicar la desaparición de personas en México”.
Pochak reconoció además la disposición de las autoridades mexicanas para recibir el informe y dialogar con la CIDH. Mencionó que altos funcionarios federales y representantes de la Fiscalía General participarán en reuniones relacionadas con la presentación del documento.
Al referirse a la dimensión regional del problema, la vicepresidenta de la CIDH aseguró que no existe otro país en América con cifras comparables. “No tenemos registro de ningún otro país de América que tenga este fenómeno de la desaparición de personas como tiene México”, afirmó. También sostuvo que no hay otro caso en el continente con un número similar de cuerpos sin identificar bajo custodia estatal.
La relatora señaló que la complejidad del caso mexicano radica en que ocurre dentro de un régimen democrático y no en el contexto de una dictadura, como sucedió en otros momentos de la historia latinoamericana.
“No estamos frente a una dictadura, no estamos frente a un gobierno dictatorial”, dijo. “Estamos frente a un gobierno democrático, electo democráticamente, y que también ha hecho muchos esfuerzos a lo largo de los últimos años para enfrentar esto”, enfatizó.
Pochak concluyó que la crisis de desapariciones debe asumirse como un problema que afecta a toda la sociedad mexicana. “No es solamente un problema de las madres buscadoras”, dijo. “Es un fenómeno indiscriminado que le puede pasar a cualquiera”.
