En el Estado de México, 212 personas desaparecidas cuentan actualmente con un ofrecimiento de recompensa económica por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como parte de un mecanismo diseñado para obtener información útil, veraz y oportuna que permita su localización.
Se trata de una herramienta que opera desde hace más de una década y que ha sido aplicada de manera selectiva en expedientes considerados de larga data o en aquellos en los que las investigaciones no han logrado avances por las vías ordinarias.
Las cifras oficiales muestran que el sistema de recompensas se mantiene como un recurso extraordinario dentro de las investigaciones, no como una medida generalizada.
De acuerdo con los registros institucionales, el universo de personas desaparecidas en la entidad supera las 14 mil, lo que coloca a las 212 recompensas activas como un subconjunto específico dentro de una crisis de mayor dimensión.
De manera paralela, la Fiscalía ha autorizado incentivos económicos en 93 investigaciones por diversos hechos delictivos, entre ellos homicidio, secuestro y delincuencia organizada.
En este rubro se concentran los montos más altos del sistema, con recompensas de hasta 500 mil pesos por información que conduzca a la localización y captura de líderes criminales como José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, y Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, integrantes de la Familia Michoacana.
El ofrecimiento de recompensas en el Estado de México inició en 2014, cuando el gobierno estatal recurrió por primera vez a incentivos económicos para obtener información que permitiera la detención de criminales de alto perfil.
Con el paso de los años, el esquema se amplió para incorporar casos de desaparición de personas, particularmente aquellos que acumulaban largos periodos sin avances o que se desarrollaban en contextos de violencia donde la aportación de información resultaba especialmente compleja.
El marco normativo más reciente es el Acuerdo Número 06/2025, publicado el 19 de agosto en la Gaceta del Gobierno, mediante el cual la Fiscalía autorizó y ratificó el ofrecimiento de recompensas tanto para la localización de personas desaparecidas o no localizadas como para la búsqueda, ubicación y detención de probables responsables de diversos hechos delictivos.
El acuerdo también establece los montos, los medios oficiales para recibir información y los criterios para la entrega de las recompensas.
Entre los elementos centrales del acuerdo se precisa que la recompensa es considerada un acto de investigación, que no requiere autorización judicial previa, y que la información proporcionada por particulares es tratada como confidencial, con un número de identificación que protege la identidad del informante y evita que sus datos se integren de manera directa a la carpeta de investigación.
En entrevista, la extitular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y actualmente directora general en la Secretaría de Gobernación, Sol Salgado Ambros, explicó que el sistema de recompensas en desapariciones fue concebido como una herramienta excepcional.
“Se planteó como una estrategia de disuasión o convencimiento social para que, si alguien tenía información de una persona desaparecida, se motivara a compartirla con las autoridades. Desafortunadamente, aun con todo y las recompensas, el temor social de aportar datos continúa”.
Desde su experiencia, la baja cantidad de recompensas cobradas en desapariciones está directamente relacionada con el contexto en el que ocurren estos hechos.
“Son montos de cientos de miles de pesos que en ningún hogar caen mal y que aun así prefiera no compartirse información nos muestra que hay mucho temor o desconfianza hacia la autoridad, pese a que la recompensa es anónima y los datos no se integran de forma directa a la carpeta de investigación”.
En una entidad que concentra uno de los mayores números de personas desaparecidas del país, la existencia de solo 212 recompensas activas ha generado cuestionamientos entre colectivos y familias.
De acuerdo con Salgado Ambros, los criterios se han centrado en expedientes de larga data donde se agotaron otras líneas de investigación, así como en desapariciones recientes en las que la propia indagatoria apuntaba a que alguien podía tener información relevante, pero existía temor para compartirla.
Desde su visión, la crisis forense es uno de los principales factores que siguen obstaculizando la localización de personas desaparecidas, incluso cuando existen mecanismos como las recompensas.
Explicó que una parte del rezago se concentra en la falta de cruces efectivos entre los registros de personas no localizadas y los de personas fallecidas sin identificar, un universo que permanece fragmentado y que, mientras no se articule de manera sistemática, mantiene abiertas miles de carpetas sin resolución.
En ese contexto, recordó el llamado que realizó de manera reiterada durante su paso por la Comisión de Búsqueda, dirigido incluso a quienes participaron en los hechos.
“Sabemos que muchas veces la idea es que, si no se encuentra el cuerpo, no habrá castigo, pero el daño va más allá, porque se castiga doblemente a las familias con la incertidumbre. El llamado sigue siendo el mismo, que los dejen en donde puedan ser localizados”, señaló, al insistir en que el fortalecimiento de los procesos forenses es una de las vías más directas para reducir el número de personas desaparecidas que permanecen sin respuesta.
El Acuerdo 06/2025 detalla casos específicos de personas desaparecidas que actualmente cuentan con ficha de recompensa activa, todos ellos con expedientes abiertos y sin datos concluyentes sobre su paradero.
Uno de estos casos es el de Brandon Guillermo Torres López, reportado como desaparecido el 1 de febrero de 2019 en el municipio de Chapultepec.
Brandon tenía 20 años al momento de su desaparición y fue visto por última vez en la Avenida Libertad, colonia La Presa, en el ejido de Chapultepec.
El acuerdo vigente establece una recompensa de hasta 300 mil pesos para quien aporte información útil, veraz y oportuna que permita su localización, luego de que las diligencias realizadas no arrojaron datos concluyentes sobre su destino.
También se encuentra el expediente de Lucía Román Chávez, desaparecida en el municipio de Ixtapaluca, quien tenía 28 años al momento de los hechos. Su ficha permanece activa como parte del esquema de recompensas, ante la presunción de que existen personas que podrían aportar información relevante sobre su paradero.
Otro caso incluido es el de Óscar García González, visto por última vez en Texcaltitlán, así como el de Oswaldo Espejel Guevara, desaparecido en Tecámac, ambos incorporados al sistema tras el agotamiento de diversas líneas de investigación y ante la posibilidad de que terceros cuenten con información que no ha llegado a la autoridad.
En todos estos expedientes, el monto autorizado es de hasta 300 mil pesos, conforme a lo establecido en el acuerdo, y las fichas permanecen activas mientras no se tenga información concluyente que permita la localización de las personas.
Uno de los casos que no ha sido incorporado al esquema de recompensas es el de María Fernanda Rodríguez Cepeda y Daniel Arturo Chávez Valdés, desaparecidos el 4 de abril de 2023 en el municipio de Lerma.
Desde entonces, su madre y suegra, Estela Cepeda, ha solicitado en repetidas ocasiones que el expediente sea incluido en el sistema, sin que hasta ahora exista una resolución favorable.
“No cuento con el mecanismo de recompensa y no sabes cómo lo he pedido. Es muy complicado cuando desde el principio los propios fiscales han dicho que esa zona y ese contexto eran importantes para que existiera una ficha”.
Estela explicó que recientemente fue informada de una revisión interna de expedientes por parte de la Fiscalía, en la que se analizaría la posibilidad de incorporar nuevos casos al esquema, sin que hasta ahora se haya concretado una decisión.
“Es vergonzoso que en otros estados, con seis meses o incluso menos, ya tengan ficha de recompensa. Aquí no nos ayudan a los colectivos a que sea más fácil que alguien hable, aunque sea por el interés de la recompensa”.
