El Operativo Liberación desplegado desde principios de esta semana por autoridades en el Estado de México obedece a la presencia y expansión de la Familia Michoacana, organización criminal que ha logrado consolidarse en la llamada zona caliente y que ya opera en cerca del 60 por ciento del territorio estatal.
Su influencia se concentra principalmente en municipios del norte y sur, donde sus actividades han sido plenamente identificadas por autoridades federales y estatales.
Aunque en estas regiones no se reporta una alta incidencia de denuncias por extorsión, la forma de operar de las células delictivas incluye el uso de violencia y amenazas directas.
Las víctimas, ante el temor a represalias, evitan acudir ante las autoridades.
La mayoría son productores, comerciantes y empresarios de los sectores de la construcción y la canasta básica.
Fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron que esta organización ha impuesto un esquema de control económico basado en la intimidación.
Como parte de ese dominio, ha acaparado la distribución de productos esenciales como pollo, huevo, tortillas, carne, cerveza y materiales de construcción en al menos 75 municipios.
El temor a sufrir daños mayores ha provocado que las víctimas acepten el cobro de cuotas y entreguen parte de sus ganancias sin cuestionamientos.
falta de denuncias formales ha complicado la judicialización de casos, aunque la Fiscalía y otras corporaciones ya cuentan con investigaciones abiertas y perfiles identificados dentro de esta célula.
El bajo número de reportes obedece al yugo impuesto por grupos criminales y a la constante intimidación contra las víctimas, lo que les ha permitido operar sin restricciones, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) correspondientes al primer semestre de 2025.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, el Estado de México registró mil 398 carpetas de investigación por extorsión.
De ese total, solo 43 se iniciaron en municipios del sur y 60 en el norte; es decir, ambas regiones sumaron 103 denuncias, lo que representó apenas siete por ciento del total estatal.
En contraste, Toluca ocupó el primer lugar con 175 casos, seguido por Ecatepec con 152.
La naturaleza de la extorsión varía por zona: en regiones urbanas y con alta densidad poblacional, como el Valle de Toluca o el Valle de México, predominan las extorsiones telefónicas o por medios digitales; en cambio, en el norte y sur de la entidad, los cobros se realizan de forma directa y bajo amenazas físicas.
En el análisis de las autoridades, son 25 grupos criminales y sindicatos delictivos los que operan en la entidad, pero destaca la Familia Michoacana con mayor extensión: en al menos 75 municipios de todas las regiones de la entidad que opera.
Se establece que son responsables de cobrar cuota a ejidatarios, aserraderos, carniceros, minas, comerciantes y empresarios del ramo de la construcción para permitirles trabajar. Puntualmente, esta práctica está más marcada en el sur y norte.
La violencia y la intimidación son las principales herramientas para hacer que las víctimas accedan a las cuotas, ya que en caso de que no paguen son secuestrados o, como de manera coloquial se ha llamado, levantados, y hasta ejecutados si no aceptan colaborar en el esquema de extorsión.
Las diferentes células que operan en la zona sur y norte acechan a intermediarios de productos de consumo, tales como pollo, huevo, tortillas, cerveza, carne, arena, materiales de construcción, entre otros, para adquirir dichos productos únicamente con ellos.
Para el control de materias primas, productos e incluso servicios turísticos de transporte, colocan insignias a los productos autorizados y controlados, con lo que han generado un monopolio y grandes ganancias económicas al grupo criminal.
Como muestra de lo anterior, las autoridades han identificado hasta mezcal proveniente de Malinalco, el cual, para ser comercializado en la región, debe tener una calcomanía de una fresa, en alusión a José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.
Si bien la empresa podría no estar involucrada con la organización, para poder vender su producto deben someterse a ese control y pagar cuotas.
Pero esto también se extiende a servicios turísticos, de transporte público y transporte de carga, quienes no solamente deben pagar derecho de piso, también deben integrarse a sindicatos creados por el grupo criminal para hacer pasar las operaciones como legales y usarlos en cierres y bloqueos carreteros.
La Operación Liberación, desplegada el 21 de julio por autoridades estatales y federales, fue resultado de seis meses de investigaciones que documentaron cómo la Familia Michoacana construyó un sistema de control económico sobre 14 municipios del Estado de México.
La organización fijó precios, impuso cuotas ilegales y acaparó la distribución de productos esenciales; además, utilizó a servidores públicos, líderes sindicales y empresarios para ejecutar la extorsión con fachada legal.
“Se trataba de sujetos que con fachada de comerciantes, líderes sindicales o servidores públicos, convivían en el día a día en las comunidades, pero por otro lado también, algunos de ellos eran destacados empresarios de la comunidad a la que dañaban económicamente”, afirmó este miércoles José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.
La estructura criminal disolvió agrupaciones de transportistas en la región y creó sindicatos como Libertad y Bradosva, los cuales tomaron el control de la venta, transporte y distribución de materiales de construcción.
A través de estas organizaciones, obligaron a la población a comprar grava, arena, varilla, cemento, mortero y yeso en puntos designados; quienes intentaron adquirir productos en otros sitios fueron despojados de su mercancía o agredidos por operadores armados.
En Valle de Bravo, las casas de materiales Jimex, Construrama y Aceros Arriaga se convirtieron en puntos exclusivos de venta.
Ahí, los productos de construcción alcanzaron sobreprecios de hasta 400 por ciento respecto al valor de mercado. La mina San Francisco, en Temascaltepec, surtía de insumos a estos negocios.
“En los referidos establecimientos algunos productos de construcción alcanzaban sobreprecios de hasta un 400 por ciento, en relación al precio normal de mercado”, expuso el fiscal.
Para adquirir materiales, los clientes debían acudir primero a las oficinas sindicales, obtener un vale y canjearlo en establecimientos autorizados.
En Donato Guerra, las minas San Juan, Michoacana, Nieto y Velázquez fueron incorporadas a este esquema.
Comerciantes eran citados en hoteles de la región, donde eran convocados por operadores ligados al grupo criminal y obligados a alinearse. Si no acataban las condiciones impuestas, eran privados de la libertad por personas armadas.
Entre los detenidos hay empresarios, líderes sindicales y una regidora municipal. Según la Fiscalía, todos formaban parte de las estructuras de financiamiento del grupo criminal.
Eli ‘N’, dueño de Jimex, era el único autorizado para vender cemento en Valle de Bravo. Gonzalo ‘N’, dirigente de Bradosva, controlaba la salida de grava, arena y varilla desde las minas; exigía pagos a transportistas independientes y amenazaba con “tirar o quemar” obras si no se le entregaba dinero.
“Nadie construía nada si el material no era comprado en su empresa al precio que él imponía y ello afectaba particularmente a la economía de Valle de Bravo”, detalló Cervantes Martínez.
Alicia ‘N’, encargada de operaciones financieras en Ixtapan de la Sal, obligaba a clientes a pagar hasta 20 por ciento más por productos. Los citaba en un hotel para convencerlos; durante su estancia, les mostraba caballerizas presuntamente vinculadas con líderes del grupo criminal.
Jorge ‘N’, líder de madererías en Valle de Bravo, fue señalado por imponer cuotas fijas y exigir compras exclusivas a su negocio.
José Fernando ‘N’, en Ixtapan de la Sal, elevaba precios y realizaba tareas logísticas para la organización. Ambos enfrentan acusaciones por extorsión agravada.
Yareli ‘N’, regidora municipal de Ixtapan de la Sal, fue detenida por participar en el secuestro exprés de un comerciante; le exigió el pago de una “cuota” bajo amenaza de muerte. También está relacionada con actos de coerción a nombre del grupo.
El grupo también operaba en carnicerías, rastros, criaderos y centros de acopio.
Antonio ‘N’, distribuidor de carne en Texcaltitlán, Sultepec y Almoloya de Alquisiras, cobraba cinco pesos por kilo de ganado a productores.
En un criadero de cerdos en Temascaltepec y una carnicería en Sultepec, se replicó el mismo patrón.
En Tejupilco, la organización cerró el rastro municipal y estableció uno propio, sin permisos. Ahí, se cobraban cuotas por cada animal sacrificado.
En la misma localidad, montaron un centro de distribución de paquetería; interceptaban envíos de empresas como Mercado Libre, FedEx o Estafeta, los revisaban y exigían pagos adicionales a los destinatarios. Si no pagaban, los paquetes no eran entregados o eran retenidos por la organización.
“Posteriormente eran revisados los productos y finalmente establecían un costo ilegal al destinatario para poder reclamar el producto; en caso de no pagarlo, no le era entregado”, añadió el fiscal.
Durante los cateos, las autoridades localizaron más de 800 paquetes en ese punto, los cuales serán devueltos a sus legítimos propietarios.
En total, se aseguraron 63 inmuebles relacionados con la red.
La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con el Poder Judicial y la Secretaría de Bienestar, implementará un mecanismo de disposición anticipada.
Los bienes serán entregados a la población mediante un procedimiento jurídico inédito en la entidad.
Entre los bienes incautados se encuentran cemento, varilla, carne, animales vivos, forrajes y otros insumos utilizados en los esquemas de extorsión. La acción forma parte de una estrategia legal que busca afectar directamente los mecanismos de operación financiera del grupo delictivo.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, reconoció que las prácticas criminales no son nuevas y que existen denuncias formales desde hace años; sin embargo, la Operación Liberación comenzó a estructurarse hace seis meses, con base en diversas carpetas de investigación.
Cervantes Martínez explicó que esta movilización pudo llevarse a cabo hasta ahora gracias a la coordinación con las autoridades federales y estatales actuales.
“La actividad delictiva ya sucedía; tenemos carpetas en ese sentido ya añejas, pero una operación de este tipo, una iniciativa de este tipo… la presencia de autoridades federales y estatales de manera conjunta y coordinada, ese es el ingrediente nuevo”, puntualizó.
También admitió que existía un esquema de protección institucional a favor de los grupos delictivos por parte de algunas autoridades municipales, situación que se evidenció desde la Operación Enjambre, donde fueron detenidos funcionarios de distintos niveles, desde presidentas y presidentes municipales hasta directores de seguridad pública, principalmente en municipios del sur.
Durante años, esta situación se mantuvo sin intervención efectiva, al grado que algunos pobladores optaron por hacer justicia por cuenta propia, tras perder la esperanza de recibir apoyo institucional.
Una muestra de ello ocurrió el 8 de diciembre de 2023, cuando comuneros de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, se enfrentaron contra integrantes de la Familia Michoacana.
El saldo fue de 14 personas fallecidas; 10 de ellas pertenecían a la célula delictiva, incluido su líder, Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso.
Por parte de los pobladores se reportaron cuatro víctimas mortales, además de varias personas desaparecidas.
Al menos siete continúan sin ser localizadas y sus familiares temen lo peor, ya que aseguran que fueron levantadas por los criminales en represalia por la rebelión comunitaria.
