El Pleno del Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar el uso indebido de drones. El dictamen, aprobado con 94 votos a favor y 8 abstenciones, busca combatir el uso de drones para actividades delictivas, como el tráfico de drogas, armas o explosivos, así como para vigilar ilegalmente a personas o propiedades.
Las penas por el uso indebido de drones incluyen hasta 40 años de prisión y multas de hasta 130,000 pesos. Además, se penaliza el uso de drones para arrojar objetos o artefactos explosivos, sustancias químicas o impactar personas o propiedades con intención de causar daño. También se castiga a quien cause daño a personal de las fuerzas armadas o de seguridad pública mediante drones, así como a quien importe, fabrique, arme, adquiera o adapte drones para actividades ilícitas.
Además, se establecen sanciones para quienes se apoderen o tomen el control de instalaciones de navegación aérea o marítima mediante violencia, amenazas o engaños, así como para quienes utilicen drones para vigilancia ilegal de personas servidoras públicas.
La lista con las penas aprobadas son las siguientes:
De 15 a 40 años de prisión y multa de 400 (43,428 pesos) a 1,200 (130,284 pesos) veces el valor diario de la UMA (108.57 pesos): Para quien utilice drones para cometer conductas indebidas, como arrojar objetos o artefactos explosivos, sustancias químicas o impactar a personas o propiedades con el fin de causar daño.
De 10 a 20 años de prisión: Para quien, mediante el uso de drones, cause daño a una persona o bien de las fuerzas armadas o de seguridad pública. Esta pena puede aumentar hasta en una mitad si el daño es grave.
De 5 a 10 años de prisión: Para quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas.
De 3 a 20 años de prisión: Para quien, mediante violencia, amenazas o engaños, se apodere o tome el control de una plataforma física, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presenten servicios de aviación civil.
Estas reformas cobran relevancia tras un ataque ocurrido en marzo en Michoacán, donde un grupo criminal empleó drones y explosivos para atacar a soldados, dejando un saldo de 4 muertos y 9 heridos.
El ataque se produjo en medio de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otra organización conocida como «El Abuelo», que cuenta con el respaldo de la banda de «Los Caballeros Templarios».