Vecinos de Tepotzotlán han alzado la voz para denunciar una red de ‘complicidades’ que permiten la operación ilegal de la empresa Naturasol, a pesar de contar con sellos de suspensión oficial por graves daños ambientales. Según los testimonios ciudadanos, la compañía ha continuado sus actividades industriales sin restricción alguna, contaminando el río local con desechos químicos, sin los permisos básicos requeridos por la ley y todo bajo presunta permisividad del ayuntamiento.
El foco de las acusaciones apunta directamente a Lizzet Stefanie Pérez Ríos, directora de Medio Ambiente, y Ana Laura González González, directora de Desarrollo y Fomento Económico. Los denunciantes sostienen que estas funcionarias han hecho ‘oídos sordos’ ante las reiteradas violaciones de la empresa, sugiriendo que la falta de acciones legales contra Naturasol responde a beneficios económicos indebidos que estarían recibiendo a cambio de ignorar la grave situación ecológica que enfrenta el municipio.
La gestión de estas funcionarias ha sido vinculada estrechamente con la figura de María de los Ángeles ‘Gely’ Zuppa Villegas, quien ha estado envuelta en diversos procesos administrativos e inhabilitaciones por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). Los habitantes del Tepotzotlán señalan que la influencia de los Zuppa persiste, creando un entorno donde la opacidad y los intereses personales parecen prevalecer sobre el bienestar de la comunidad.
La comunidad exige ahora que las instancias estatales intervengan para poner freno a lo que consideran una red de corrupción consolidada, que no solo pone en riesgo el ecosistema de Tepotzotlán, sino que burla la legalidad bajo la protección de quienes deberían hacerla cumplir.
El descontento popular es creciente, y la demanda principal de los afectados es el cese inmediato de las funcionarias involucradas en este caso de omisión. Los vecinos enfatizan que no se trata de un incidente aislado, sino de una estructura sistémica donde los sellos de clausura parecen ser meramente decorativos, mientras el tejido social y natural de Tepotzotlán sufre el impacto directo de la contaminación química constante, la cual ha sido documentada sin obtener una respuesta institucional efectiva.
Ante este panorama, la exigencia se traslada a las autoridades superiores del Estado de México (EMX) para que realicen una inspección rigurosa y transparente. La población sostiene que, mientras exista el beneplácito de funcionarios comprometidos con intereses privados en lugar del cumplimiento de la normativa ambiental, la salud de las familias y la integridad del río, seguirán en una situación crítica que requiere acción inmediata y ejemplar contra todos los responsables.