Un total de 454 personas fueron detenidas por su probable participación en diversos delitos durante el Operativo Otomí, desarrollado del 23 al 27 de septiembre en el Estado de México, informó la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y policías municipales, mediante despliegues tácticos, labores de inteligencia y operativos de vigilancia.

De acuerdo con el reporte oficial, las 454 detenciones estuvieron relacionadas con diferentes conductas delictivas, principalmente delitos contra la salud, robo y portación de armas prohibidas.

Las autoridades detallaron que las personas detenidas están presuntamente relacionadas con los siguientes delitos:

– 226 por delitos contra la salud.

– 65 por robo en sus distintas modalidades.

– 60 por encubrimiento por receptación.

– 45 por portación de armas prohibidas.

– 19 por ataques a las vías de comunicación.

– 14 por resistencia.

– Siete por homicidio.

– Cinco por robo de vehículo.

– Cinco por uso de documento falso.

– Cuatro por extorsión.

– Dos por cohecho.

– Una por feminicidio.

– Una por tentativa de feminicidio.

Estas detenciones forman parte de las acciones emprendidas para intervenir puntos de operación de grupos delictivos y combatir distintas actividades ilícitas en territorio mexiquense.

Como parte de las investigaciones realizadas por la FGJEM, también se cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

Asimismo, las autoridades ejecutaron 16 órdenes de cateo, con apoyo perimetral de elementos federales y estatales, además de efectuar 89 inspecciones preventivas en campo.

Estas intervenciones formaron parte de la estrategia coordinada entre instituciones de seguridad y procuración de justicia para localizar a personas investigadas por diversos delitos.

Los filtros de revisión y patrullajes preventivos permitieron asegurar 29 armas de fuego, de las cuales 21 eran cortas y ocho largas.

De acuerdo con la SSEM, uno de los objetivos prioritarios del operativo fue retirar armamento y sustancias ilícitas de las calles, así como intervenir puntos relacionados con actividades delictivas.

La dependencia destacó que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales permitió realizar las detenciones y aseguramientos durante los cinco días de despliegue.

El Operativo Otomí forma parte de las acciones de seguridad implementadas en el Estado de México para combatir la delincuencia y fortalecer la vigilancia en la entidad.

Hasta 30 años de prisión podrían alcanzar las personas responsables de ataques con ácidos u otras sustancias químicas contra mujeres, niñas y adolescentes, luego de que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó reformas al Código Penal.

La propuesta, impulsada entre otras iniciativas por la diputada Zaira Cedillo, establece una pena de ocho a 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa para los ataques dolosos cometidos con este tipo de sustancias.

Cuando las lesiones provoquen desfiguración permanente en la cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o causen la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido, la pena será de 12 a 20 años de prisión y de 300 a 700 días multa.

El dictamen establece que la sanción podrá aumentar hasta en una mitad cuando el agresor sea servidor público y actúe en ejercicio de sus funciones, o cuando exista con la víctima una relación de parentesco, convivencia, afectiva, sentimental, laboral, docente, de subordinación, confianza o cuidado.

Con estas agravantes, la sanción máxima podría alcanzar los 30 años de prisión.

La propuesta también establece que estos casos sean perseguidos de oficio, por lo que la investigación no dependería exclusivamente de que la víctima presente una denuncia.

La diputada Zaira Cedillo señaló que todavía no existe una fecha definida para que el dictamen sea sometido al Pleno y precisó que la votación realizada este lunes correspondió únicamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Las modificaciones planteadas a otras leyes, entre ellas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quedaron pendientes de discusión.

Al término de la sesión, Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2014 y presidenta de la fundación que lleva su nombre, reconoció el aumento de las penas, pero sostuvo que una reforma debe garantizar también atención continua para las víctimas.

Sánchez relató que ha pasado por 67 cirugías reconstructivas y señaló que los tratamientos médicos, dermatológicos y psicológicos suelen depender de gestiones realizadas por las propias sobrevivientes.

“Una sentencia no me ha reparado mi proyecto de vida”, afirmó.

Recordó que su agresor, Efrén García Ramírez, fue sentenciado en 2023 a casi 47 años de prisión. Añadió que su fundación tiene conocimiento de 53 sobrevivientes de violencia química en el país, aunque aclaró que se trata de casos identificados por la organización y no de un registro oficial.

Ximena Reyes Canseco, vicepresidenta de la fundación, cuestionó que los ataques químicos permanezcan dentro del delito de lesiones como una modalidad agravada, pues la iniciativa ciudadana planteaba reconocerlos como un delito autónomo y modificar también la Ley de Víctimas.

Reyes Canseco señaló que aún no había revisado el dictamen completo porque, según dijo, no les fue compartido antes de la sesión.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) abrió la convocatoria para seleccionar a 385 personas que ocuparán las vocalías de las juntas distritales y municipales durante el proceso electoral 2026-2027, cargos que tendrán la responsabilidad de operar buena parte de la elección en los 125 municipios y 45 distritos electorales de la entidad.

El Consejo General aprobó el procedimiento y la convocatoria para integrar 45 juntas distritales y 125 juntas municipales, que posteriormente se convertirán en consejos electorales con la incorporación de consejerías y representaciones de los partidos políticos.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, se trata de 135 vocalías distritales y 250 municipales, cuyos titulares participarán en las distintas etapas de preparación, organización y desarrollo de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos.

La convocatoria establece que el registro estará abierto hasta las 23:59 horas del 8 de octubre de 2026, mientras que el examen de conocimientos está programado para el 25 de octubre.

Uno de los datos de mayor interés para quienes pretendan participar es la remuneración prevista en el tabulador del instituto y durante la sesión se informó que, para quienes resulten designados, las percepciones netas mensuales serán de: 31 mil 500.45 pesos para la vocalía ejecutiva; 24 mil 299.98 pesos para la vocalía de organización y 24 mil 299.98 pesos para la vocalía de capacitación.

De acuerdo con las consejeras, los cargos implican una dedicación importante durante el proceso electoral. Por ello, las personas designadas no podrán desempeñar simultáneamente otro empleo, actividad por servicios profesionales, cargo o comisión oficial remunerada que interfiera con las funciones de la vocalía.

También deberán abstenerse de desempeñar actividades docentes, realizar estudios u otras actividades académicas cuando éstas interfieran con los horarios y responsabilidades del cargo.

El concurso contempla distintas etapas para evaluar a las personas aspirantes. Entre ellas se encuentran el examen de conocimientos, la valoración curricular y la entrevista. La propuesta que se sometió a consideración plantea una ponderación de 60 puntos para el examen, 20 para la evaluación curricular y 20 para la entrevista. Sin embargo, este aspecto generó una diferencia dentro del propio Consejo General.

Según los datos expuestos durante la sesión, en 2021 se requirieron 285 vocalías y se registraron 37 renuncias, equivalentes a 12.98 por ciento. En 2023 fueron 135 cargos y 21 renuncias, 15.55 por ciento.

En 2024, cuando el examen de conocimientos tuvo una ponderación de 70 por ciento y la entrevista de 20 por ciento, se registraron 77 renuncias de 285 vocalías, equivalentes a 27.02 por ciento.

La convocatoria contempla un examen presencial en formato digital, con apoyo de una empresa contratada para su aplicación, además de medidas de vigilancia y control de los equipos utilizados.

El objetivo, de acuerdo con las consejerías, es que las personas aspirantes respondan bajo las mismas condiciones y que los resultados sean verificables.

También se planteó la posibilidad de contar con distintas versiones del examen y establecer con mayor precisión los mecanismos para la entrega y procesamiento de los resultados.

La convocatoria será difundida mediante la página y redes sociales del IEEM, además de universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otros espacios.

Con la aprobación de la convocatoria, el IEEM avanza en la integración de los 170 órganos desconcentrados que tendrán una función central durante la elección de diputaciones y ayuntamientos de 2027.